El Gobierno dio hace unos meses un paso firme en la lucha contra el consumo precoz de alcohol: el Consejo de Ministros aprobó la que será la primera ley estatal específicamente diseñada para proteger a niños y adolescentes frente a este tipo de bebidas. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad, llega en un momento crítico: según los últimos datos, más del 50% de los jóvenes entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en el último mes y un 30% lo ha hecho en exceso, un patrón de consumo especialmente peligroso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido tajante: “No existe una cantidad segura de alcohol que no conlleve riesgos. Hay que erradicar la idea, falsa y anticientífica, de que el consumo moderado puede ser saludable, sobre todo en menores”. Su mensaje se apoya en la evidencia científica que asocia el consumo temprano con daños en el desarrollo cerebral, bajo rendimiento académico, conductas de riesgo y una mayor probabilidad de futuras adicciones.
Transformar el entorno
El enfoque de la ley no se centra únicamente en la conducta individual. El objetivo es transformar un entorno que, social y culturalmente, ha normalizado el consumo de alcohol. Así como en su día se limitó la exposición al tabaco, ahora se busca reducir al mínimo los estímulos ambientales que promueven o trivializan el consumo entre menores. El Ministerio es consciente de que erradicarlo por completo es poco realista, pero insiste en la importancia de retrasar la edad de inicio.
Uno de los pilares de la ley es la creación de nuevos espacios completamente libres de alcohol. Queda vetado su consumo en centros educativos —con la excepción de las universidades—, en residencias de estudiantes que alojen a menores y en centros de protección. Tampoco se permitirá a los adultos consumir bebidas alcohólicas en eventos infantiles como conciertos, competiciones deportivas o festivales dirigidos a público juvenil, con el fin de evitar la exposición indirecta de los menores a estos productos.
Además, la ley autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar controles de alcoholemia tanto a adultos como a menores en estos espacios. En caso de infracción por parte de menores, las multas podrán suspenderse si aceptan participar en programas preventivos o terapéuticos.
Nuevas reglas para la publicidad y el marketing
Otra vertiente importante de la norma son los límites a la publicidad de bebidas alcohólicas. Se prohíbe su difusión cerca de centros escolares, sanitarios y zonas de ocio infantil —en un radio de 150 metros—, así como el uso de imágenes o voces de personas menores de 21 años, embarazadas o personajes famosos entre la juventud. Los anuncios no podrán sugerir que el alcohol mejora el éxito social, sexual o el rendimiento físico.
Medidas educativas, sanitarias y comerciales
El ámbito educativo también se verá implicado: se incorporarán contenidos específicos sobre prevención del alcohol en todos los niveles de enseñanza y se fomentarán actividades extraescolares enfocadas en estilos de vida saludables. Las familias, además, recibirán herramientas para abordar el tema desde casa.
En el sistema sanitario, se implementarán protocolos de detección precoz en atención primaria y urgencias. Si un menor de 16 años es atendido por una intoxicación etílica, se activará una intervención integral que incluirá a padres o tutores. El objetivo es detectar de forma temprana patrones de riesgo y activar recursos de apoyo.
En lo relativo a la venta de alcohol, la ley da margen a los gobiernos locales para restringir nuevas licencias en zonas sensibles como centros educativos o lugares de recreo infantil. Los supermercados deberán ubicar las bebidas alcohólicas lejos de productos destinados a menores, y en establecimientos dirigidos principalmente a público infantil quedará prohibida su venta, incluso la de productos que imiten bebidas alcohólicas.
Las máquinas expendedoras deberán incorporar mecanismos que impidan el acceso a menores, de forma similar a los controles existentes en las de tabaco.
Esta nueva ley, que entrará en vigor tras su paso por el Congreso, representa un cambio de rumbo en la política pública frente al alcohol. Más que prohibir, quiere desnormalizar. Más que castigar, prevenir. Y sobre todo, proteger el desarrollo físico, mental y emocional de quienes aún no tienen la madurez para comprender todas las consecuencias de una práctica culturalmente aceptada, pero médicamente tóxica.
